La violencia ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pero tanto las acciones como las manifestaciones de lo que consideramos violento, ha cambiado a lo largo del tiempo. En la actualidad tiene diversos escenarios, ella se da tanto en espacios públicos como privados, e incluso en espacios íntimos. “Sus diferentes manifestaciones no tienen, por cierto, la misma visibilidad ni condena pública. Tampoco existe una condena generalizada de los actores perpetradores de algunas de esas violencias con las que convivimos. Por el contrario, con frecuencia, sobre la base de construcciones ideológicas o culturales, se naturalizan ciertas relaciones basadas en la violencia”.
Si bien existen diferentes concepciones sobre lo que significa la violencia, teniendo en cuenta la Ley Nº 26.425, vigente en nuestro país desde abril de este año, entendemos la violencia como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa e indirecta, (…) basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.
Paradójicamente lo destacable de esta problemática social, no es su antigüedad, sino su novedad en sentido de la des-naturalización de la misma en este último tiempo. Para ello las organizaciones feministas (especialmente las norteamericanas) jugaron un rol fundamental, ya que a partir de los años ´70 comenzaron a explorar la dimensión de la violencia hacia las mujeres, y a partir de allí empezaron a desplegar campañas de sensibilización y divulgación sobre esta temática, que durante años había estado naturalizada, por lo tanto fue esencial mostrar la realidad de algo que estaba sucediendo, ponerle un nombre, para recién a partir de ello comenzar a pensar un proceso de transformación de este flagelo que castigaba y continúa castigando a muchas mujeres en el mundo.
En Argentina este proceso estuvo demorado particularmente por características políticas y sociales que caracterizaron la década de los setenta, con la llegada de la última y peor dictadura militar de la historia de nuestro país. Recién después de la vuelta a la democracia en 1983, la violencia familiar comenzó a tener relevancia y visibilidad, gracias a los esfuerzos de distintas organizaciones de la sociedad civil para asegurar protección y resguardo para las víctimas, y junto con ello se logró un gran paso al conseguir la sanción de la Ley Nacional 24.417 de Violencia Doméstica en el año 1994, que llevo la problemática a los juzgados y planteó la resolución de los mismos a través de la mediación de los jueces de familia.
Si bien esto representó un gran avance en la solución de este problema social, hoy a 15 años de dicha sanción, la existencia de una legislación de este tipo no es suficiente, ya que si bien las denuncias por violencia familiar han crecido enormemente, los juzgados se encuentran saturados de denuncias y causas, que frente a la falta de recursos, pocas veces consiguen ser resueltos de manera favorable. De hecho los jueces son los primeros en quejarse por la ausencia de refugios para las víctimas cuando lo necesitan, la insuficiencia de los equipos de diagnóstico, la falta de capacitación a personas implicadas en la asistencia de este tema, con lo cual se hace cada vez más necesario no sólo la sanción de leyes, sino también la iniciativa de políticas públicas que sean capaces de prevenir y eliminar la violencia en todas sus dimensiones.
Referencias:
1.Cuaderno de trabajo para capacitar, “Jóvenes al ruedo”, unidad 3, Pág. 57 - Red Mujer y Hábitat –América Latina (HIC) / Corporación Sur / CISCSA junto con UNIFEM.
2.Ley Nº 26.485, sancionada por el Congreso de la Nación el 14 de abril de 2009.
